Monte Alegre de Goiás, Goiás, Brasil. Una joven madre identificada como Welbrica Santana murió tras ser atacada con arma blanca durante una discusión ocurrida la noche del martes 12.
El hecho ocurrió en la comunidad de Riacho dos Cavalos, ubicada a pocos kilómetros del municipio de Monte Alegre de Goiás, en la región noreste del estado de Goiás.
Según relatos de residentes de la zona, Welbrica se encontraba dentro de su vivienda junto a su pareja, Gilmar Inácio, cuando comenzó una discusión familiar que terminó de forma violenta.
Durante el conflicto, la joven fue apuñalada.
Informaciones preliminares señalan que la víctima habría intentado defenderse y alcanzó a herir al agresor antes de caer gravemente lesionada dentro de la residencia.
Traslado al hospital
Vecinos y equipos de rescate auxiliaron a ambos y los trasladaron al hospital municipal de Monte Alegre de Goiás para recibir atención médica urgente.
Sin embargo, Welbrica Santana llegó al centro de salud sin signos vitales, según reportes de las autoridades y habitantes de la región.
Gilmar Inácio recibió tratamiento por heridas consideradas leves.
Después de recibir el alta médica, el hombre fue detenido por agentes de la Policía Militar en la entrada del hospital.
Reacción de familiares y vecinos
La muerte de la joven causó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y residentes de la comunidad de Riacho dos Cavalos.
Varias personas se reunieron frente al hospital municipal en un ambiente marcado por la indignación y el rechazo ante lo ocurrido.
Habitantes de la región manifestaron su preocupación por los casos de violencia contra las mujeres registrados en distintas partes de Brasil.
Legislación sobre feminicidio en Brasil
En Brasil, el feminicidio es considerado un delito grave y no permite libertad bajo fianza, de acuerdo con la legislación vigente.
Tras la modificación introducida por la Ley N.º 14.994/2024, el feminicidio pasó a ser clasificado como un delito autónomo dentro del Código Penal brasileño.
La normativa establece penas de prisión que pueden variar entre 20 y 40 años.
La ley también contempla aumentos de condena en situaciones específicas, como crímenes cometidos contra mujeres embarazadas o durante los tres meses posteriores al parto.
Las penas igualmente pueden agravarse cuando las víctimas son menores de 14 años, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad o cuando el crimen ocurre frente a familiares cercanos de la víctima.
