Imágenes captadas por el sistema interno de videovigilancia del Hospital Anchieta, ubicado en Taguatinga, en el Distrito Federal, Brasil, se han convertido en una de las principales evidencias dentro de una investigación penal que involucra a tres ex técnicos de enfermería, detenidos por su presunta participación en muertes ocurridas dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la institución.
El material audiovisual, al que tuvieron acceso investigadores de la Policía Civil del Distrito Federal, muestra a Marcos Vinícius, Amanda Rodrigues de Sousa y Marcela Camilly Alves da Silva circulando por las habitaciones de pacientes que posteriormente registraron un deterioro clínico abrupto.
De acuerdo con los informes oficiales, los horarios de esas imágenes coinciden con alteraciones graves en los signos vitales de las víctimas, lo que levantó sospechas sobre la administración irregular de sustancias.
Según las autoridades, los registros más comprometedores corresponden a Marcos Vinícius, señalado como principal sospechoso.
En los videos, se le observa ingresar solo a los cuartos de internación, permanecer algunos minutos junto a los pacientes y retirarse sin la presencia de otros profesionales de salud.
Poco después de esas visitas, los monitores médicos reflejaron cuadros críticos que derivaron en paros cardiorrespiratorios.
La investigación también documenta que el ex técnico habría utilizado, sin autorización, credenciales de médicos para emitir recetas fraudulentas, accediendo así a medicamentos que luego administraba sin aval del equipo médico.
Parte de estas acciones quedó registrada en imágenes donde se lo ve operando un computador dentro del hospital.
Las grabaciones confirman igualmente la presencia de Amanda Rodrigues de Sousa y Marcela Camilly Alves da Silva en distintos momentos.
Ambas permanecen detenidas mientras la policía analiza si colaboraron directa o indirectamente en los hechos o si, teniendo conocimiento de las conductas irregulares, omitieron denunciarlas a sus superiores.
Las acusaciones formales se vinculan con tres fallecimientos específicos:
Miranilde Pereira da Silva, profesora jubilada de 75 años, residente en Taguatinga,
João Clemente Pereira, servidor público de 63 años, vecino de Riacho Fundo I,
Marcos Raymundo Fernandes Moreira, funcionario público brasileño de 33 años.
Por la muerte de Miranilde Pereira da Silva, los tres sospechosos enfrentan cargos por homicidio agravado.
En el caso de João Clemente Pereira, el imputado principal y una de las técnicas responden por el mismo delito, mientras que por el fallecimiento de Marcos Raymundo Fernandes Moreira, la acusación recae sobre Marcos Vinícius y la otra técnica detenida.
El coordinador de la División de Homicidios y Protección Personal (CHPP), Wisllei Salomão, informó que Marcos Vinícius negó inicialmente cualquier responsabilidad, pero terminó confesando tras ser confrontado con las imágenes del circuito cerrado del hospital.
En un procedimiento similar, Marcela Camilly Alves da Silva también negó los hechos al comienzo, aunque posteriormente admitió su omisión y expresó arrepentimiento por no haber intervenido.
De acuerdo con los peritajes, en uno de los casos el técnico habría aplicado 13 inyecciones de un producto desinfectante directamente en la vena de una paciente de 75 años, luego de que se agotara el medicamento previamente utilizado.
La víctima sufrió múltiples paros cardíacos antes de fallecer. En otros episodios, se determinó el uso de recetas irregulares para obtener fármacos cuya denominación no fue revelada por decisión de la Policía Civil.
Las solicitudes de medicamentos bajo sospecha se emitieron el 17 de noviembre del año pasado y el 1 de diciembre, según consta en el expediente.
Para simular intentos de auxilio, el investigador señaló que el imputado habría practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar tras provocar el colapso de las víctimas.
La directora del Instituto Médico Forense, Márcia Reis, indicó que los pacientes presentaban distintos niveles de gravedad, pero que en todos los casos el empeoramiento repentino resultó incompatible con la evolución clínica esperada, lo que reforzó las sospechas de intervención externa.
En paralelo, el Hospital Anchieta informó que, al detectar circunstancias inusuales asociadas a tres fallecimientos en la UCI, conformó un comité interno de análisis, realizó una investigación propia y, en menos de veinte días, remitió los indicios a las autoridades.
Como resultado, los tres profesionales fueron desvinculados de la institución y se solicitó formalmente la apertura de una investigación policial. Las detenciones se concretaron entre los días 12 y 15 de enero de 2026.
La Policía Civil detalló que los arrestos se ejecutaron el día 11, junto con allanamientos y confiscaciones en Taguatinga, Brazlândia y Águas Lindas de Goiás.
Una segunda fase de la operación permitió incautar dispositivos electrónicos en Ceilândia y Samambaia.
La investigación sigue en curso para determinar la existencia de otras posibles víctimas en este u otros centros donde trabajó Marcos Vinícius, quien también prestaba servicios en una UCI pediátrica de otro hospital privado de la región.
En comunicados oficiales, tanto el Consejo Regional de Enfermería del Distrito Federal (Coren-DF) como el propio hospital señalaron que el caso se encuentra bajo secreto judicial, reiteraron su colaboración con las autoridades y destacaron la necesidad de respetar el debido proceso legal.
Por su parte, la familia de João Clemente Pereira manifestó que hasta el 16 de enero creía que el fallecimiento se había producido por causas naturales.
Tras conocer la existencia de indicios penales, expresó su confianza en la actuación de la Policía Civil, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y anunció que adoptará las acciones legales correspondientes dentro del marco de la investigación en curso.
